SOCIEDAD / JUSTICIA QUE NO NOS REPRESENTA
Justicia que no nos representa
Cuando el común de los mortales no entiende una sentencia judicial y
le parece a todas luces injusta, algo va mal. La reciente sentencia del pleno
del Tribunal Supremo que echa por tierra otra sentencia judicial según la cual
los bancos deberían pagar el conocido como impuesto de las hipotecas, ha sido
la gota de agua que colma el vaso de la indignación de la ciudadanía y su
desafección con el sistema judicial. La progresista Jueces por la Democracia,
minoritaria (y ahí radica el problema de la justicia española), ha pedido la
dimisión inmediata del presidente del alto tribunal Carlos Lesmes mientras Unidos Podemos convoca una marcha de
protesta ante la sede del Tribunal Supremo para este sábado. Parece que desde
determinadas instancias jurídicas se está legislando contra el ciudadano y la
indignación que provoca su conducta inapropiada rebasa todos los límites.
Pedro
Sánchez, el renacido, ha reaccionado con rapidez y contundencia y ha afeado a
la más alta instancia judicial el desbarre de esa sentencia fruto de presiones
y componendas inadmisibles en una instancia judicial, y vía decreto ley
enmienda la plana al despropósito judicial: el impuesto lo pagarán los bancos. Un
balón de oxígeno inesperado que le regala el alto tribunal y palía el dolor de
muelas de esos presupuestos del estado que incomprensiblemente rechazan los
independentistas catalanes. Tampoco lancemos las campanas al vuelo. La banca trapacera,
como un tahúr, repercutirá el coste de la medida entre la ciudadanía vía
comisiones e intereses (subidas en las operaciones crediticias, bajadas en la
remuneración del ahorro) en sus clientes en aplicación de su doctrina de no
tener jamás pérdidas. Debería velar el Banco de España para que esa práctica no
se produjera y se refleje la pérdida en las cuentas de resultados y apechuguen
con ella los altos ejecutivos y accionistas: bájense el sueldo unos, ganen
menos otros. Todavía es la hora de que nos devuelvan el ingente importe del rescate
bancario unas entidades que no parpadean a la hora de ejecutar las hipotecas y
echar a los inquilinos a la puta calle.
El problema del sistema judicial español es, como ya dije en un
artículo anterior, que el setenta por ciento de los jueces son conservadores y
el treinta por ciento progresistas, y que las sentencias son muy diferentes
según caigan en un juzgado o en otro. Si bien hay jueces que son tan impecables
como implacables (ahí están Jaume Matas,
Bárcenas, Urdangarín, Rafael Correa y Rodrigo Rato, entre otros, chupando cárcel) otros piden cuatro años
de prisión para alguien que robó con una cierta fuerza (malos modos, hay que
decirlo) un bocadillo en una panadería y nadie ve delito en la conducta
corrupta del emérito y ni siquiera se le investiga tras las grabaciones que
soltó en su día el siniestro comisario Villarejo,
personaje de novela negra con todo derecho.
El desprestigio en el que está cayendo la justicia española, con un
rosario de sentencias incomprensibles e instrucciones demenciales (la del juez Pablo Llarena es un despropósito que
debería inhabilitarlo de por vida) puede llegar a su cenit cuando se celebre el
juicio a los independentistas catalanes a los que se les puede tildar de todo
(ilusos, incompetentes, irresponsables, chapuceros, utópicos) pero nunca de rebeldes
violentos, y así lo ha dictaminado la justicia alemana y la belga que no tienen
esa rémora franquista que aquí tanto pesa. Lo que va a provocar ese juicio, y su sentencia, que de ser condenatoria será
recurrida en Estrasburgo, quizá sea la catarsis necesaria para que la
democracia entre en ese ámbito tan cerrado, opaco y caduco como es la
judicatura, de la que tantos ciudadanos desconfían abiertamente.
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