SOCIEDAD / LAS CLOACAS DEL ESTADO
LAS CLOACAS
DEL ESTADO
Se emplea mucho el término cloaca del estado y está de moda
en los medios de comunicación a raíz del encarcelamiento del excomisario Villarejo, el hombre que lo grababa
todo desde que se levantaba hasta que se acostaba. Pero esas operaciones
secretas, y muchas veces siniestras, que se hacen al amparo del estado, pero
contraviniendo sus propias leyes, son muy anteriores en nuestro país y no tan
atípicas en otros países de nuestro entorno.
Vaya por delante que casi todos los estados, a espaldas de
sus ciudadanos, llevan a cabo operaciones encubiertas al margen de la
legalidad. El escándalo se produce
cuando estas operaciones, que deben hacerse en el más absoluto
secretismo para que no tengan consecuencias penales, son descubiertas como
ocurre con todos los crímenes que no son perfectos. Es más que evidente que
esas acciones deben tener una reprobación moral por parte de los ciudadanos de
a pie, aunque muchas veces ese escándalo que nos produce no sea más que una
manifestación de hipocresía y por dentro nos digamos que debería hacerse mejor
para que no saliera a la luz. Si se producen reprobaciones a esas conductas
torcidas, suelen ser inducidas por el simple rédito político, es decir, por el
rédito que obtiene el partido de oposición al que gobierna. La política y la
ética son como agua y aceite, nunca van juntas.
RAINBOW WARRIOR
El Rainbow Warrior era el barco insignia de la organización
ecologista Greenpeace. Greenpeace, el 10 de julio de 1985, intentaba protestar
con dicho navío contra las pruebas nucleares que Francia iba a perpetrar en el
Atolón de Mururoa. 12 agentes de la Dirección General de la Seguridad Exterior
francesa, submarinistas de combate, dirigidos por el capitán Jean Luc Kister, colocó dos minas
cuando el navío se encontraba en Auckland, Nueva Zelanda, que hundieron el
barco y a consecuencia de la explosión murió uno de sus tripulantes, el
fotógrafo de Greenpeace Fernando Pereira.
La operación fue una chapuza, se descubrió y aparecieron los datos en Le Monde.
Dimitieron el jefe de los servicios secretos de la época y el ministro de
Defensa, pero no François Miterrand,
el primer ministro socialista. Dos de los saboteadores fueron condenados a diez
años de prisión y el estado francés tuvo que indemnizar a la organización
ecologista por ese atentado.
ASESINATO MIEMBROS
DEL IRA EN GIBRALTAR
El 6 de marzo de 1988 tres miembros del IRA fueron
asesinados a sangre fría en Gibraltar cuando iban desarmados. En este caso, la
primera ministra de la época, la Dama de Hierro Margaret Tatcher, asumió la responsabilidad de esas muertes con la
escueta frase de “Yo disparé”. El MI5 y el MI6, los servicios de espionaje
interior y exterior británicos, seguían la pista de los militantes del IRA que
sospechaban iban a cometer un atentado muy mediático. En este caso se produjo
una colaboración entre los servicios secretos españoles, el CESID, ya que los
miembros del IRA cruzaron territorio español, y el MI6. Fueron acribillados,
sin que opusieran resistencia, en una gasolinera del Peñón por un comando del
SAS. Los que apretaron el gatillo fueron exonerados de toda culpa.
LA GUERRA CONTRA EL
EJE DEL MAL DE EEUU
Los casos más sangrantes y visibles de operaciones
encubiertas y al margen de las leyes fueron protagonizadas por Estados Unidos
durante el mandato de George W. Bush
en el marco de la guerra contra el terrorismo y el Eje del Mal. Se cometieron
todo tipo de torturas y vejaciones en los centros de detención estadounidenses
ubicados en Irak, país invadido, especialmente en la siniestra prisión de Abu
Graib, en donde fueron torturados decenas de prisioneros, y en ese limbo legal
de Guantánamo, fueron secuestrados
ciudadanos que en distintas partes del mundo, muchos de ellos
erróneamente, y conducidos a prisiones secretas de la CIA para ser
interrogados, conculcando leyes internacionales y sin que ello tuviera
consecuencias penales más allá de leves condenas para algunos de los ejecutores
de dichas acciones pero para ninguno de los inductores Rumsfield, Cheeney o Bush.
EL CASO KASHOGUI
La última y sangrienta operación encubierta de un estado la
tenemos muy cerca y fue el brutal
asesinato del periodista Jamal Kashogui,
secuestrado y desmembrado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul por
parte de miembros de los servicios secretos del príncipe heredero Mohamed Bin Salman sin que haya
ocurrido absolutamente nada, una prueba de la hipocresía lacerante de nuestros
políticos. Los intereses petrolíferos están por encima de los derechos humanos.
LOS GRUPOS DE EXTREMA
DERECHA DURANTE LA TRANSICIÓN
Si vamos a España, durante la transición y como forma de
enfrentarse al terrorismo etarra con los mismos medios, surgieron una serie de
grupos como la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista, que actuaba en el País
Vasco español y francés entre los años 1977 y 1982 y asesinó a 8 personas. Era
un grupo de extrema derecha y actuó con un cierto beneplácito de la policía en
tiempos de la UCD que no investigó sus hechos delictivos. Fueron los autores de
la bomba que estalló en la revista satírica El Papus, que se cobró una víctima,
del asesinato de un taxista por informante de ETA, del asesinato de la mujer
del dirigente etarra Juan José Etxabe
en San Juan de Luz, del secuestro y asesinato de José Ramón Ansa Echevarria, de 17 años, un atentado contra la
guardería de un militante abertzale que se saldó con 3 muertes de personas que
estaban por los alrededores, y dos asesinatos más cometidos en Irún y Leiza. A
veces actuaban bajo el nombre de Batallón Vasco Español que es activo entre
1975 y 1983, periodo en el que causaron un total de unas 60 víctimas, algunas
de las cuales ajenas a ETA y al movimiento abertzale. No podemos decir que
formaban parte del entramado estatal como grupo parapolicial, pero sí que se
les toleraba porque golpeaba, fuera de la ley, al enemigo común de entonces que
era ETA y su entorno.
EL GAL EN EL GOBIERNO
DE FELIPE GONZÁLEZ
En tiempos de Felipe
González el terrorismo de ETA se hizo mucho más activo y sanguinario. ETA
PM se disolvió para integrarse en la vida política bajo las siglas de Euskadiko
Eskerra, que posteriormente se fusionó al Partido Socialista de Euskadi, y
quedaron operativos los Comandos Autónomos Anticapitalistas, rama libertaria de
la organización, y ETA militar. Los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación,
fueron activos entre 1983 y 1987, cuatro años en los que cometieron 30 acciones
terroristas con un saldo de sesenta personas asesinadas. Lo grave del asunto, y
en este caso fue demostrado en juicio, es que los GAL eran financiados por el
Ministerio de Interior y de él formaban parte algunos policías y guardias
civiles además de mercenarios, algún que otro gánster, algún miembro de la OAS
francesa, y los restos del Batallón Vasco Español.
Una de sus acciones más execrables fue el secuestro, tortura
y asesinato de Lasa y Zabala, etarras secuestrados por el
llamado GAL verde, guardias civiles, detenidos durante semanas en el palacio de
La Cumbre de San Sebastián del Ministerio de Interior en 1983, enterrados en
cal viva en Busot, Alicante, e identificados diez años más tarde gracias al
tesón de un buen policía, Jesús García,
y por el que fue condenado el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo entre otros.
Cuatro policías integrados en los GAL fueron detenidos por
la policía francesa cuando intentaban secuestrar en Bayona a un etarra; a Segundo Marey lo secuestran, en ese
caso, mercenarios franceses que lo confunden con un etarra; asesinan a una
serie de etarras en Francia, al médico vinculado con Herri Batasuna Santiago Brouard en su consulta, y se
equivocan con las víctimas de muchos de los atentados.
Hay que decir que en el caso de los GAL funcionó
medianamente bien el estado de derecho gracias a los periodistas de
investigación Ricardo Arqués, Juan Carlos Urrutxutu y Andoni Ortuzar del diario Deia, Pepe Rei y Melchor Miralles del Diario 16, y las investigaciones pasaron a ser
de acoso y derribo del gobierno de Felipe
González cuando pasó a manos de Pedro
J. Ramírez y el diario El Mundo.
CONDENAS DEL GAL
José Barrionuevo,
ministro de Interior, fue condenado a 10 años de prisión por secuestro y
malversación. Rafael Vera,
secretario de estado, a 10 años de prisión por secuestro y malversación. Ricardo García Damborenea, secretario
general del PSOE de Vizcaya, 7 años por secuestro. Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista, 9 años por
secuestro y malversación. Miguel
Planchuelo, jefe de la Brigada Información de Bilbao, 9 años por secuestro y
malversación. José Amedo,
subcomisario de la policía, 9 años por secuestro y malversación. Julián Sancristobal, gobernador civil
de Vizcaya, 10 años por secuestro y malversación. Michel Domínguez, policía, 2 años por secuestro. Enrique Rodríguez Galindo, general de
la Guardia Civil, 75 años de prisión por detención ilegal y asesinato. Ángel Vaquero, teniente coronel de la
Guardia Civil, 69 años de prisión por detención ilegal y asesinato. José Julián Elorriaga, gobernador civil
de Guipuzcoa, 71 años de prisión por detención ilegal y asesinato.
Hay que decir que el Tribunal Supremo apartó de la
instrucción del caso GAL al juez Baltasar
Garzón, por lentitud en la instrucción, cuando quería imputar a Felipe González, Narcís Serra y José María
Benegas.
Para mí, el caso de los GAL es el ejemplo más escandaloso de
a lo que puede llegar la corrupción de un gobierno al implicar a instituciones
del estado como policía y guardia civil, en la comisión de delitos gravísimos,
una lacra de la democracia que socava sus valores.
Hay que decir que el exgeneral Galindo, expulsado de la Guardia Civil, cumplió sólo 4 años de
prisión por problemas mentales y de salud. Barrionuevo
solo pasó 3 meses en prisión. Todos
sabemos quién era la X de los GAL.
Quisiera terminar citando a Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional asesinado
por ETA. “La primera tentación contra el Estado es el olvido de su
legitimidad y de sus límites, es decir, la utilización del poder para, luchando
contra los terroristas, emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor
enemigo del Estado es la mala razón de Estado. Hay, pues, que perseguir a
quienes hayan caído en ella. Pero al hacerlo, tarde y escandalosamente, se ha
incurrido en la tentación de destruir gran parte del aparato del poder estatal
legítimo, en la desmoralización de buen número de sus agentes, en la
desaparición de alguna de sus piezas imprescindibles para luchar contra los terroristas
y en el descrédito del Estado, dentro y fuera de sus fronteras. La mala razón
de Estado y el torpe desenmascaramiento de sus crímenes, sin el cuidado en el
aislamiento de quienes hayan vulnerado la ley desde el Estado y sin la
discreción judicial y periodística como cautela y garantía de derechos, se han
unido en la producción de los efectos que ahora padecemos, de manera que a la
tentación de la mala razón de Estado se ha unido la autodestrucción como
apéndice perverso.”
LA POLICÍA PATRIÓTICA
DEL GOBIERNO DE RAJOY
Y vamos a la actualidad con el último escándalo que
concierne a políticos, policías y periodistas. Los primeros dan las órdenes,
los segundos elaboran informes falsos y los terceros los difunden. Un grupo de
mandos policiales, a sueldo del Ministerio del Interior, llevó a cabo trabajos
especiales: fabricar pruebas o informes que inculparan a los adversarios
políticos del Gobierno de Mariano Rajoy.
El excomisario Villarejo, actualmente en la cárcel, es uno de los implicados de la trama policial,
tal vez el más conocido, pero no el único: media docena de comisarios e
inspectores están imputados por estos hechos. La búsqueda de pruebas
inculpatorias coincidía con periodos electorales o de efervescencia política,
de modo que la divulgación de estos informes hicieran el mayor daño posible.
Los policías los filtraban antes de trasladárselos a los jueces para que
salieran en la prensa. Y tuvo dos objetivos primordiales: Cataluña y Podemos.
Con la primera había que desinflar el suflé independentista; con la segunda
laminar sus expectativas electorales.
CATALUÑA 2012
El expresidente catalán Jordi
Pujol ocultaba en Suiza 137 millones de euros. El expresidente Artur Mas compartía parte de esa
fortuna fruto de comisiones ilegales. El exconsejero catalán de Interior, Felip Puig, cobraba 250.000 euros de
sobornos del caso Palau. El Mundo publicó estas conclusiones en varias entregas
firmadas por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta días antes de las
elecciones. Ninguna era cierta.
Con todo, un año después, los mismos policías lograron
evidencias de la fortuna que Pujol
ocultaba en Andorra, donde su familia hizo ingresos durante largo tiempo por
más de 40 millones de euros. Esta información también fue publicada en El Mundo
por Inda y Urreztieta. Los políticos acusados en los primeros informes
fraudulentos se querellaron contra los periodistas de El Mundo que los
divulgaron. Pero el juez desestimó las querellas sin entrar a valorar si la
información era verdadera o falsa.
XAVIER TRÍAS
Un mes antes de la convocatoria de la consulta
independentista en Cataluña del 9 de noviembre de 2014, la brigada política
preparó otra entrega explosiva contra un dirigente nacionalista, Xavier Trías, entonces alcalde de
Barcelona, de Convergència. La implicación personal del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en esta operación
quedó acreditada por las reuniones que mantuvo en su despacho oficial con Daniel Alfonso, director de la oficina
antifraude de Cataluña. Sus conversaciones fueron grabadas y, posteriormente,
difundidas por Público. En esas reuniones celebradas el 2 y el 16 de octubre de
2014, el ministro buscaba información contra dirigentes catalanes. Hablaron del
alcalde de Barcelona, Xavier Trías,
y Alfonso comentó al ministro que
había escuchado que el dirigente nacionalista ocultaba 12 millones de euros en
Suiza. Se esgrimieron una serie de datos, como el número de cuenta, la fecha de
apertura y cierre, todos falsos, que aparecieron en la prensa. El mal ya estaba
hecho y la reputación del político catalán, tocada.
CASO PUJOL
Con quien si acertaron de pleno fue con Jordi Pujol y su familia mafiosa. La fortuna oculta,
presumiblemente de una comisión mucho más elevada de ese famoso 3 % que
denunció en su momento Pasqual Maragall
en el Parlament (se habla de que exigía hasta un 10% o más a los empresarios a
cambio de obra pública), estaba en Andorra y la subía en persona su mujer Marta Ferrusola custodiada por mossos
de esquadra para que no se la robaran por el camino. El caso Pujol se demora una y otra vez porque
se sospecha que el expresidente de la Generalitat, a través de los servicios de
información de los mossos conocido como los pata negra, tienen informes muy
jugosos sobre personalidades políticas que podrían hacer tambalear el sistema como
él mismo se encargó de remarcar en una airada comparecencia ante una comisión
de investigación en el Parlament de Catalunya. Mi sospecha es que ese juicio
contra Pujol jamás se va a celebrar
porque no interesa que se celebre.
Rocambolesco fue que el propio ministro fuera grabado cuando
hablaba en su despacho con Daniel Alonso,
el director de la oficina Antifraude de Cataluña. Mariano Rajoy prescindió de su ministro.
OBJETIVO: PODEMOS
Después de tres años de trabajo para desprestigiar al
independentismo catalán, la cúpula policial cambió de objetivo: Podemos y Pablo Iglesias. En las elecciones
generales de diciembre de 2015, Podemos se situó como tercera fuerza política
en España con 69 diputados y eso asustaba.
El 16 de enero de 2016, OKdiario y El Confidencial
difundieron la supuesta financiación ilegal de Podemos con dinero iraní que la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigaba desde días antes
de las elecciones. Hasta dos meses después de aquellas publicaciones, la UDEF
no denunció los hechos ante el Tribunal de Cuentas por orden de la Dirección
Adjunta Operativa.
Antes de que la policía judicializase sus hallazgos, el
autodenominado sindicato Manos Limpias y la Unión Cívica Española Partido Por
la Paz, Reconciliación y Progreso de España denunciaron a Podemos en el
Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sirviéndose del informe, bautizado
como informe PISA (Pablo Iglesias S. A.). Este informe había sido publicado
antes por Okdiario y El Confidencial. Las dos denuncias fueron archivadas.
La persecución a Podemos continuó. En abril de 2016, varios
mandos policiales viajaron a Nueva York para entrevistarse en el Consulado con Rafael Isea, exministro del Gobierno
venezolano de Hugo Chávez. Le
pidieron pruebas documentales de la financiación ilegal de Podemos. Entre los
enviados especiales de Interior estaba el inspector Fuentes Gago, quién contó al exministro venezolano sus intenciones.
“Si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos”. Un año
después de aquel episodio secreto, revelado ahora por Moncloa.com y El
Confidencial, el inspector Fuentes Gago
mentía en el Congreso, diciendo que esa entrevista no se produjo.
EL FALSO CERTIFICADO
DEL PARAÍSO FISCAL
En mayo de 2016, en vísperas de las nuevas elecciones
generales en España, los policías volvieron a la carga contra Podemos. Pasaron
a Okdiario documentos falsos facilitados por un confidente para fabricar otro
supuesto escándalo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo
Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. La supuesta orden de pago
que acreditaba el escándalo era falsa, según confirmó el banco. Se había
confeccionado con recortes sacados de Internet, y cambiando los nombres
oficiales de los ministerios venezolanos. El supuesto confidente que suministró
la información era un ciudadano venezolano que recibió del Ministerio del
Interior un permiso extraordinario de residencia en España como recompensa por
su colaboración con las autoridades policiales.
El director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, confirmó en el Congreso
de los Diputados que agentes a su cargo viajaron en los primeros meses de 2016
a Venezuela y Miami para investigar la supuesta financiación ilegal de Podemos.
Ninguna actuación judicial relacionada con estos casos prosperó.
Grabaciones de todo tipo se han utilizado para
desprestigiar, también a dirigentes del PP en sus luchas intestinas. Recordemos
el caso Cifuentes.
Políticos sin escrúpulos de todo el espectro ideológico se
han servido de las instituciones del estado a través de la mala praxis de
algunos funcionarios para cometer delitos o favorecer sus intereses
particulares, lo que pone en cuestión nuestro estado de derecho.
(texto de la charla debate en el festival Octubre Negro en Madrid acompañado por Gabriel Montes Vado y José Vaccaro. Fuentes periodísticas El País, Mundo Diario, Diario 16)
LOS AÑOS DE PLOMO EN EL PAÍS VASCO. UGAITZ ENTRA EN ETA Y SE DISPONE A MATAR. "EL BOSQUE SIN LÍMITES", UNA NOVELA SOBRE EL DOLOR Y LA VIOLENCIA EN NUESTRA HISTORIA MÁS RECIENTE.
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